Cuando surgió
el cuestionamiento al vicepresidente de la República -Raúl
Fernando Sendic- por hacer uso de un
título que no poseía (incluso no existente en la Universidad en la que
decía haberlo obtenido) nos resultó sumamente chocante.
Porque Uruguay no
estaba acostumbrado a que una figura pública -y menos aún de la relevancia
política del involucrado- pasara por la vergüenza de ostentar un título
universitario que no posee. Entre las ideas y vueltas del caso Sendic, desafortunado
culebrón que incluyó el reconocimiento y luego la retractación del
vicepresidente de su falta de diploma, quedó el sabor amargo del insólito apoyo
del partido de gobierno por el hecho, y la falta de una disculpa a la sociedad
en su conjunto.
Pero luego
sorpresivamente fueron surgiendo otros casos del mismo tenor como los de la
diputada Susana Pereyra, que no
poseería título de "maestra" y el del senador Leonardo de León, que no poseería el título de "Ingeniero
Agrónomo" que se atribuía. También, recientemente, saltó el caso del
subdirector técnico del Instituto Nacional de Rehabilitación Gustavo Belarra que no era sociólogo.
En este caso debe destacarse la dignidad de Belarra que no tuvieron otros:
renunciar a su cargo debido al escándalo.
Para completar
el collar, se supo ayer que nada menos que el flamante secretario político del
Frente Amplio y director del Impo Gonzalo
Reboledo también hacía gala del título de una carrera de la que nunca se
recibió –sociólogo- Reboledo pidió disculpas, pero atribuyó “a otras personas
el error” aunque quedó claro que él mismo muchas veces se presentó -incluso por
escrito- como sociólogo.
¿Cómo puede
ser que hayan saltado todos estos casos (y algunos más) en tan poco tiempo?
¿Qué lleva a una persona a mentir sobre su estatus profesional? Sin duda el
afán de lucir un título de "doctor" sigue teniendo su imán pese a la
debacle cultural que padece el Uruguay. En especial para quien sigue la carrera
política parece que ser llamado "licenciado", "profesor" o
"doctor" sigue considerándose ventajoso. Y algunos de estos no
dudaron en aprovecharse de la candidez de los uruguayos.
Pero la razón
por la que saltan tantos casos al mismo tiempo tiene que ver precisamente con
esto último: hasta hace poco nadie dudaba de la palabra de alguien que se
presentara como abogado, sociólogo o licenciado en genética, pero el caso
Sendic demostró que ya no se puede confiar ciegamente ni siquiera en el
vicepresidente de la
República. A partir de allí algunos periodistas comenzaron a
corroborar los títulos a través de internet simplemente, y quienes decían ser lo que no
eran fueron apareciendo.
Es lamentable
que estas situaciones ocurran, porque contribuyen a degradar la actividad
política y con ella a la democracia.
Según una
encuesta recientemente difundida por la consultora Factum, el ranking de
instituciones que despiertan mayor confianza entre los uruguayos está
encabezada por los bancos -con un 65%- seguida por la policía -con un 52%-
Cierran la lista el Parlamento -con 26%- los sindicatos -con el 25%- y los
partidos políticos -con 22%-
Hace pocas
semanas el Latinobarómetro también mostraba una preocupante caída en el
respaldo a la democracia entre los uruguayos.
Menudo favor
le hacen entonces a las instituciones los políticos que mancillan esa noble
tarea que bien comprendida es el
servicio público a la sociedad y no a la inversa, como parecería que han
creído varios personajes del gobierno. Gracias a sus conductas indignas quedan
todos en el lodo, igualándose para abajo los apelativos a los partidos y los
políticos y pagando justos por pecadores.
En un país
además en que nos hemos acostumbrado a que no importa cuál sea la falta o la
incapacidad, porque nunca jamás se renuncia a un sillón y a un sueldo muy por
encima del que podrían conseguirse en el sector privado. Lejos están los
tiempos en que el servicio público era una carga que quien la asumía lo hacía
al costo de renunciar a su profesión por un tiempo al menos para contribuir con
el país. Cada vez más parece que en la política nacional campeara un proceso de
selección inversa por el que la gente capaz le huye a esa actividad y los que
quedan y se perpetúan degradan la función y se sirven de los cargos en el
Estado.
No es un tema
menor: en la reversión de este fenómeno y en la mejora de los cuadros políticos
y técnicos en el Estado se juega buena parte de la mejora de la calidad de vida
de los uruguayos y sobre todo de la calidad de nuestra democracia. La
degradación avanza rápido y es necesario reaccionar con buenos ejemplos,
sinceridad de objetivos y ese genuino patriotismo que hoy cuesta encontrar.
